Encauzar el país por la vía de la Modernidad debe ser empeño de sectores progresistas para enfrentar desgobierno y dar respuesta a indignación social: UNES Colombia

Colombia vive momentos de tensión y de impotencia absoluta. Un país que se desangra día a día, presenciando impotente como se sigue destruyendo el tejido social con la puesta en marcha de una máquina infernal de la muerte que de manera sistemática va atemorizando a sus comunidades y poblaciones vía el exterminio individual y las masacres que parecieran no tener fin. El caos cada vez nos toca de alguna u otra manera a todos, bajo la mirada pusilánime de un Estado cómplice que tiene responsabilidad en grado superlativo en el triste y desolador devenir histórico de esta nación.

Desde nuestro indeclinable compromiso social con las grandes reivindicaciones nacionales y nuestra lucha sindical, en la Unión Nacional de Servidores Públicos de los Distritos y Municipios de Colombia (UNES Colombia), no podemos hacer mutis por el foro frente a los graves hechos que están ocurriendo en este infortunado país, por lo que deseamos compartir la siguiente reflexión, en la que hacemos énfasis en la necesidad imperiosa de dimensionar sobre lo que es el concepto de Modernidad, como la vía expedita para superar el atraso, la marginalidad y la vergonzante desigualdad social en que se ha debatido históricamente el país.

En buena medida, hemos llegado a esta situación de indignación social por el incumplimiento de los acuerdos de paz suscritos en 2016 por el empeño de un gobierno espurio de talante retardatario de hacerlos “trizas”, los cuales posibilitan si hubiese voluntad política, la implementación de una reforma rural integral, la devolución de las millares de hectáreas expoliadas a los campesinos víctimas del conflicto interno, la apertura de espacios democráticos para los sectores de oposición, y opciones para el desarrollo capitalista de amplias regiones marginadas y sumidas en la pobreza y la desesperanza. Su falta de aplicabilidad aunado a la visión utilitarista de una clase dirigente indolente que solo ve al aparato estatal como un botín para lograr sus malhadados intereses, ha venido a generar esta realidad de espanto que vive Colombia, acentuada ahora por los impactos negativos de la pandemia del Covid-19.

La gota que rebosó el vaso de un pueblo indignado que diariamente ve cómo un gobierno autoritario que solo vela por los intereses del gran capital y los sectores plutocráticos del país, abandonando de manera irresponsable la garantía de los derechos fundamentales de la gente, fue el pasado miércoles 9 de septiembre, paradójicamente día consagrado a exaltar los Derechos Humanos, cuando agentes de una institución, caracterizada por sus prácticas reiteradas de arbitrariedad, abuso con los ciudadanos y uso desmedido de la fuerza, como la Policía Nacional, asesinaron a golpes y con descargas eléctricas al abogado Javier Ordóñez en la localidad de Engativá en Bogotá.

Este insuceso no es un hecho aislado como salieron a señalar los encumbrados dignatarios del Gobierno nacional sino que hace parte de una práctica recurrente que reedita los manuales de la Seguridad Nacional y del “enemigo interno” venidos desde Washington y que en Colombia se aplican al pie de la letra.

“Lo sucedido es una auténtica masacre con los jóvenes de nuestra ciudad”

Desde la institucionalidad, la única voz sensata ha sido la de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, quien sin ambages expresó que lo sucedido el pasado 9 de septiembre constituye “una auténtica masacre con los jóvenes de nuestra ciudad” por parte de una institución policial que ha perdido por completo su visión misional y se ha tornado en un aparato de represión y de brutalidad en sus mecanismos de control ciudadano.

Contrasta el talante civilista y democrático de la burgomaestre de Bogotá con la actitud autoritaria del presidente Duque, a quien visitó en la Casa de Nariño para exponerle la necesidad de concertar una reforma constitucional para reestructurar la Policía Nacional, a lo cual el primer mandatario se negó de entrada.

UNES Colombia, resalta la concepción democrática de la Alcaldesa de Bogotá y su actitud mesurada en el manejo de este desbordamiento público, pues en todo momento ha tratado de hacer respetar el Estado de Derecho, rechazando de manera categórica la brutalidad policial, al tiempo que apoya la convocatoria que ha hecho para este domingo 13 de septiembre a un acto de reconciliación y perdón desde la institucionalidad hacia la ciudadanía por los actos de abuso y agresión cometidos por agentes de la Policía Nacional.

Visión premoderna del Estado colombiano

La ira e indignación de la sociedad colombiana se encuentra exacerbada por el desgobierno y por la desfachatez de un Estado con visión premoderna, incapaz de dar respuesta efectiva a las ingentes necesidades de sus habitantes, de sus regiones, de sus comunidades. Un conglomerado social que se siente abandonado a su suerte en unas circunstancias difíciles como la pandemia y cuyo gobierno que raya en la indecencia, la estulticia y la indolencia prioriza el salvamento financiero de una empresa extranjera como Avianca que no tributa en Colombia, que tiene sede en un paraíso fiscal y cuyos principales directivos se encuentran presos en Brasil por un escándalo de corrupción, a auxiliar a millones de familias a las que se les niega la posibilidad de acceder a una Renta Básica Universal; y a cientos de jóvenes de estudiantes se le da la espalda, quitándoles la posibilidad de continuar su proceso formativo, al no considerar financiar la matrícula cero en las universidades públicas.

Cuando la sociedad colombiana, no obstante la oposición del uribismo al proceso de paz impulsado por el gobierno de Santos, creía que con su firma el país entraba a una etapa de posconflicto y con ella vería reducido ostensiblemente el horror de tanta muerte y desolación, con el régimen de Iván Duque, hoy los colombianos volvemos a presenciar operaciones criminales que van sembrado terror por todas las regiones del país que signaron una época que creíamos superada. Ha retornado el accionar de una campaña del terror que busca aniquilar todo lo que es organización, participación comunitaria, liderazgo y proceso social, bajo la mirada cómplice del Estado.

De ahí, la necesidad de que desde los sectores sociales progresistas y democráticos apostemos por la Modernidad del país, que no es mera retórica sino la posibilidad de construcción de tejido social y convivencia para configurar las innovaciones sustanciales que permitan satisfacer las necesidades materiales y espirituales de una nación como la colombiana atravesada por un inveterado conflicto interno que ha retrasado ostensiblemente su progreso y mermado sus capacidades para avanzar en un proyecto coherente de Estado Social de Justicia y de Derecho. Esa es la invitación que en esta hora aciaga formulamos desde UNES Colombia.