Conclusiones de los dos eventos académicos promovidos por UNES Colombia sobre Renta Básica Universal

Desde que el pasado mes de junio la Unión Nacional de Servidores Públicos de los Distritos y Municipios de Colombia (UNES Colombia) asumió la tarea de impulsar y promoverel debate con amplia participación ciudadana sobre la necesidad imperiosa de implementar en el país la Renta Básica Universal (RBU), como un derecho fundamental que permita a la población en su conjunto lograr una subsistencia digna, más aún en tiempos de pandemia, y al mismo tiempo democratizar la distribución de la riqueza, se han realizado dos ejercicios de tipo académico, de los cuales es preciso sacar algunas conclusiones.

En efecto, el pasado 27 de junio, UNES Colombia convocó el Foro virtual internacional sobre Renta Básica Universal como derecho para garantizar la dignidad ciudadana, el que se desarrolló durante más de tres horas y en el que participaron expositores tanto nacionales como internacionales, quienes esbozaron en forma detallada en qué consiste esta política pública, sustentada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cómo se viene tramitando la iniciativa en el Congreso de la República.

Tras el éxito de dicho foro virtual se integró la Red Colombiana por la Renta Básica Universal,de la cual hacen parte destacados congresistas de talante progresista y representantes de organizaciones sociales de diversas regiones del país.

Recientemente se integraron a esta Red los senadores del Polo Democrático, Wilson Arias Castillo y Alexander López Maya, así como el representante a la Cámara por la Alianza Verde, León Fredy Muñoz Lopera. Antes lo habían hecho las congresistas Aída Avella Esquivel, Ángela María Robledo y María José Pizarro.

De este foro surgió la iniciativa de iniciar las acciones conducentes para llevar a cabo antes de finalizar el presente año una Convención Amplia Nacional con el propósito de generar conciencia en la opinión colombiana de la imperiosa necesidad de lograr este derecho fundamental e impulsar su implementación por parte del Estado.

Para continuar en el esfuerzo de desarrollar pedagogía sobre el tema tanto UNES Colombia como los integrantes de esta Red convinieron en invitar al economista y catedrático universitario catalán Daniel Raventós, autoridad en la materia, presidente internacional de Red Renta Básica, a una mesa redonda virtual que se llevó a cabo el pasado 15 de agosto.

Una política posible que no es una quimera

Teniendo en cuenta que, como enseña la historia, las luchas de hoy son los derechos del mañana, la realización de estos dos encuentros académicos deja como una primera conclusión que la implementación de un ingreso vital, ojalá de carácter universal, es perfectamente posible, hasta el punto que la Organización de Naciones Unidas (ONU) en los últimos meses la ha venido impulsando, y un organismo suyo como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se ha dado a la tarea de promover su implantación en todos los países de la región, como una medida para mitigar los efectos económicos negativos de la pandemia del Covid-19. 

En el caso colombiano, entre quienes impulsan esta iniciativa tanto desde la sociedad civil como desde el Congreso de la República, hay amplio consenso en que el país requiere de una RBU para reparar a su población que históricamente ha sido víctima de despojo y exclusión.

Diversos estudios académicos tanto nacionales como internacionales demuestran que la Renta Básica es perfectamente financiable por parte de los Estados como lo ha sustentado la Cepal, y que para el caso colombiano es dable garantizar un ingreso universal de 1.6 salarios que es lo que requiere un hogar promedio de cuatro personas para poder cubrir sus necesidades primordiales de subsistencia.

Salir del modelo asistencialista

Para el economista e investigador social Luis Jorge Garay Salamanca, Colombia tiene que salir de la pandemia del Covid-19 a través de lo que denominó un “modelo posneoliberal”, en el cual la RBU tiene que ser un elemento esencial, y de esta manera, superar el actual modelo asistencialista.

Se trata, explicó, de garantizar la inclusión social. Se lamentó de que la actual crisis sanitaria el gobierno del presidente Iván Duque la esté manejando con óptica neoliberal, descartando una medida como el ingreso mínimo vital, (que no RBU) consistente en entregar por un lapso de tres meses para mitigar los efectos de la emergencia, el valor de un salario vigente que hubiera beneficiado a 9 millones de hogares colombianos, es decir, al 60% de la población.

Dijo que infortunadamente este tema que es de economía política, no está en la opinión nacional y por lo tanto no es una causa social, lo que necesariamente obliga a que se haga un trabajo de concientización y de amplia pedagogía para que la RBU se convierta en una lucha popular que permita su materialización y efectiva garantía.

Clarificar alcances de la RBU

En concepto de la senadora y presidenta de la Unión Patriótica, Aida Avella Esquivel, es necesario clarificar los alcances de la RBU para que la opinión en general entienda su importancia y su impacto social.

Dijo que talvez los impulsores de esta iniciativa en el órgano legislativo se equivocaron al presentarla con la denominación de “Renta Básica” y que mejor hubiera sido insistir sobre la necesidad de otorgar un salario mensual para mejor entendimiento de la gente.

Alertó sobre el inminente riesgo de explosión social que se avecina en Colombia como consecuencia de los efectos de la pandemia, puesto que 7.3 millones de habitantes pasarán a estado de pobreza en este año, sin que el Estado garantice alternativas de subsistencia. Eso quiere decir que casi la mitad de la población, 21 millones de habitantes, no tendrán cómo suplir sus necesidades de subsistencia. De ahí, la necesidad de que haya una RBU.

Alarmante, además, el nivel de desempleo que va a superar el 20% al finalizar 2020 y la insensibilidad de lo que calificó “el gobierno de empresarios y banqueros” que preside Iván Duque.

Ampliación de la condición de ciudadanía

Por su parte, la representante a la Cámara, Ángela María Robledo Gómez, quien ha participado en los dos encuentros virtuales promovidos por UNES Colombia y la Red colombiana de RBU, conceptuó que la RBU reviste gran importancia en una sociedad por cuanto “amplía la condición de ciudadanía y dignidad humana”.                 

Explicó que una política de esta naturaleza en el caso colombiano materializa el concepto de Estado Social de Derecho que consagra la Constitución de 1991 y además garantizaría una verdadera política de cuidados al proveerles a las amas de casa, un salario doméstico. Ello, por supuesto, agregó, debe ir acompañado de acceso gratuito a salud y educación.

“El contagio o el hambre, esa es la disyuntiva”

A su turno, la también representante a la Cámara, María José Pizarro Rodríguez, al lamentar que el gobierno de Duque haya desechado la propuesta de la RBU, que ella ayudó a elaborar e incluso confeccionó un proyecto de decreto legislativo que se lo presentó a su consideración, sostuvo que casi la mitad de la población colombiana afronta la disyuntiva “del contagio o el hambre”.

Es perfectamente posible, dijo, adoptar un mínimo vital para la población de este país, el cual costaría alrededor de 19 billones de pesos que el Estado colombiano puede solventar sin mayores problemas presupuestales.

Un estipendio de menos de un salario mínimo mensual “no sirve para nada”, precisó la congresista Pizarro, y enfatizó que hay recursos de dónde tomar para garantizar la RBU.

El Banco de la República, explicó, cuenta con 213 billones de reservas, además el Estado puede avanzar creando una banca pública y fortaleciendo el sistema cooperativo para encausar recursos que hoy se van a incrementar las arcas del especulativo sector financiero.

La RBU, añadió, debe ir acompañada con gratuidad de educación, salud y un mínimo de acceso a Internet.

Destacó que al gobierno de Duque no le interesa en absoluto apoyar esta iniciativa porque argumenta que la misma será bandera del sector alternativo en 2022.

Renta Básica no es lo mismo que renta mínima

Una diferenciación entre los alcances de RBU y renta mínima hizo en desarrollo del foro, el educador social español, Manuel Cañada Porras, al explicar cómo ha sido la experiencia en su país.

Cañada fue enfático en señalar que lo que ha adoptado el gobierno de coalición en España entre PSOE y Unidas Podemos, es una renta mínima que solo beneficiará a unas 800 mil personas y que no alcanza a solventar las necesidades de  10 o 12 millones de habitantes que se ubican en el umbral de la pobreza.

Indicó que rentas mínimas llevan distribuyéndose hace muchos años en Europa, las cuales tienen la connotación de que meten a la gente en la telaraña de procesos burocráticos y estructuras clientelares.

En cambio, la RBU, dijo, es un componente del Estado Social, por lo que es necesario que los movimientos populares y los sectores progresistas la tomen como bandera y propósito de lucha para verla cristalizar, y de esta manera, lograr una transición hacia otro modelo de sociedad.

Por un nuevo pacto social

Para el jurista y politólogo Jaime Ahcar George, la RBU constituye un elemento que posibilita lograr una salida al actual modelo neoliberal que asfixia al pueblo colombiano.

De lo que se trata, dijo, es pensar con criterio de transición para avanzar en la concreción de un nuevo pacto social.

Superar asistencialismo estatal y monetarizado

El filósofo e investigador social argentino-colombiano Marcelo Caruso Azcárate, destacó la necesidad de superar a través de la RBU el invento neoliberal de la asistencia estatal monetarizada que se implementó con el propósito de distribuir migajas, y de esta manera, aplacar los brotes de resistencia e inconformidad sociales.

Dijo que se requiere de un gran movimiento social que se apropie de la RBU como iniciativa y bandera de lucha que permita reconstruir, además, el tejido social en el caso de Colombia.

Es prioritario, puntualizó Caruso, salir del esquema asistencialista y transitar hacia un nuevo modelo social

La RBU depende de voluntad política

Finalmente, el activista y comunicador social español, Txema Sánchez, afirmó que la RBU de ninguna manera es una quimera, pues múltiples estudios académicos y proyecciones económicas demuestran que perfectamente se puede implementar, simplemente depende de la voluntad política de los gobernantes.

Precisó que hay que diferenciar entre subvención y renta básica, pues esta última permite enfrentar la pobreza sin clientelismo político.

Explicó que en el caso de España, se ha optado por un subsidio para pobres que dista mucho de los alcances de la RBU, el cual en su implementación ha sido un total fracaso, pues no llega a cubrir el 1% de la población que supuestamente iba a favorecer.

Renta caracterizada por la incondicionalidad

Daniel Raventós dejó claro en desarrollo de su participación en la mesa redonda virtual que la RBU tiene como característica esencial la incondicionalidad. Es decir, la perciben todos los ciudadanos de un país sin distinción en la lógica de que es un derecho humano, habida cuenta que si al individuo no se le garantiza su subsistencia no se puede hablar de libertad.

Raventós trajo a cuento la experiencia en el Reino de España de la implementación hace apenas tres meses de lo que el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidos Podemos ha denominado el Ingreso Mínimo Vital que busca llegar a los sectores más vulnerables de la población, para señalar que en tan poco tiempo ya constituye un fracaso desde el punto de vista burocrático.

Estableció de manera tajante la diferencia de renta básica y subsidio condicionado que es el que entregan varios Estados en Latinoamérica.

Los subsidios condicionados se prestan, explicó, para que los gobiernos se aprovechen de la pobreza desde un punto de vista clientelar, además tienen una connotación de estigmatización social y los costos administrativos para su distribución y reparto son muy altos.

Fue categórico en precisar que la RBU tiene que ser financiada a partir de una reforma fiscal, en virtud de la cual los que más tienen paguen mayores impuestos. Por lo general, dijo, en un país alrededor del 20% de los que más ingresos económicos perciben deben contribuir a que el resto de la población pueda acceder a esta asignación monetaria, que es una forma democrática de redistribuir la riqueza.

En definitiva, como lo señaló la congresista Ángela María Robledo, lo importante de este tema es que deja en evidencia lo que en Argentina los sectores de derecha denominan la “grieta” y en Colombia, “polarización” y que no es más que la lucha de clases por el predominio de los respectivos intereses; es que “la discusión sobre la Renta Básica Universal llegó a este país para quedarse”.

El proceso que en este sentido viene impulsando UNES Colombia continúa buscando agrupar las múltiples redes que promueven la RBU, derecho que debe servir como eje de las próximas movilizaciones sociales que desde ya se proyectan realizar en todo el territorio nacional.