Propagación masiva en Colombia del fenómeno neoparamilitar: la masacre de Samaniego

POR HORACIO DUQUE /

La masacre de nueve jóvenes en la población de Samaniego, en el sureño departamento de Nariño, el pasado 15 de agosto, es una síntoma más del retorno de la violencia paramilitar en Colombia, ante el propósito del gobierno de Iván Duque de desconocer el alcance del Acuerdo de Paz con las Farc y negarse de manera sistemática a su implementación.

La derecha colombiana que ostenta el poder a través de un sector político como el uribismo de matriz fascista da poca atención al fenómeno del incremento de la violencia paramilitar en diversos territorios de la geografía nacional.

En efecto,de manera simplista el presidente Duque, el Ministro de Defensa y altos oficiales de las Fuerzas Armadas afirman que el culpable de la masacre de los 9 jóvenes ocurrida en el municipio de Samaniego es el narcotráfico.

Sin embargo, conocedores del fenómeno de la violencia se plantean otros enfoques que trascienden el esquematismo del gobierno.

Presencia paramilitar en el territorio nacional

Con el regreso del uribista Centro Democrático al gobierno nacional y la destrucción de los Acuerdos de Paz, hay una propagación masiva del neoparamilitarismo en distintas regiones del país como la Sierra Nevada de Santa Marta (Pachencas y ACSNSM), los Montes de María, (Juancho Dique, Urabeños y Diego Vecino), Barranquilla (Oficina del Caribe de los Giraldo), Sur del Cesar (Urabeños y Juancho Prada), Buenaventura y Chocó (Urabeños), Tumaco (Urabeños), Llanos Orientales (Héroes del Vichada y Bloque Meta), Cúcuta y Catatumbo (Rastrojos y Bloque Frontera), Eje Cafetero (Urabeños/Cordillera), Bajo Cauca Antioqueño (Caparrapos), Sur de Córdoba (Urabeños), La Guajira (Los González), Cauca (herederos del Bloque Calima).

En el caso del municipio de Samaniego en el departamento de Nariño, hay bandas neoparamilitares (Contadores) que son aparatos armados de poderosos carteles de la droga que operan a sus anchas no obstante la masiva militarización de la región con la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules (9200 unidades), que en esa población hace presencia con la Brigada 23, la cual es parte de la Tercera División del Ejército.

Dispositivo militar organizado para ejecutar la guerra contra las drogas que promueve el gobierno nacional con el auspicio y financiación del gobierno de los Estados Unidos encabezado por Donald Trump.

Guerra que involucra a los militares en una erradicación forzosa violenta que alimenta el conflicto sangriento y la corrupción, pues muchos militares se convierten en las fichas y jefes de los carteles de la coca llegando hasta pedir su retiro para incorporarse a las mafias de la droga, en las que trasmiten sus destrezas bélicas en la conformación de bandas asesinas, como ocurrió en el pasado con las autodefensas cuando cientos de militares, incluidos altos oficiales,  hicieron parte orgánica de los distintos bloques de acuerdo con las sentencias de Justicia y Paz y los testimonios ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Aun así, el Ejército y la Policía no logran evitar que esta violencia siga azotando a Nariño, protegiendo a los grupos neoparamilitares (Contadores, Urabeños) que en las recientes semanas han asesinado once líderes del pueblo indígenas awá y ejecutaron un atentado a un dirigente de ese pueblo que afortunadamente salió ileso en el casco urbano de Llorente donde a los ojos de la Fuerza Pública operan los urabeños y carteles mexicanos de la droga.

Haber hecho trizas el Acuerdo de Paz en el tema de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilegal tal como lo ha hecho el gobierno de Duque, ha propiciado un espeso caldo de cultivo que alimenta las masacres, la guerra y la corrupción de los militares.

Ciertamente en la región hace presencia uno de los principales actores del actual conflicto social y armado como el ELN, con el Frente de Guerra Sur Occidental, los Frentes Comuneros del Sur, Camilo Cienfuegos y la compañía Toño Obando; igualmente las Farc con sus núcleos en reconstrucción como la Nueva Marquetalia, pero todo indica que la masacre perpetrada tiene otras lógicas como lo señala Verdad Abierta al indicar que el regreso de las masacres (de las cuales se han dado cerca de 33 en lo corrido del año) en Cucuta, Catatumbo, Cauca, Valle, Sur de Cordoba, Bajo Cauca Antioqueño, Montes de Maria, Putumayo, ocurre con el rebrote paramilitar que la destrucción de la paz está promoviendo .

La Oficina de los Derechos Humanos en Colombia ha dicho que en lo corrido del año han ocurrido 33 masacres en el territorio nacional.

Al respecto, se debe señalar que las masacres son una de las modalidades de violencia más usadas por los grupos neoparamilitares en el país; no se tipifican dentro de los instrumentos de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) y con frecuencia se denominan asesinatos colectivos o múltiples, lo cual se desprende de las definiciones sociológicas y de las interpretaciones normativas que se han hecho sobre ellas. Sin embargo, no solo están enmarcadas en la comisión de asesinatos; de hecho, una de sus principales características es la teatralización de la violencia. Por tanto, incluye la simultaneidad con otras modalidades y la intención manifiesta de exponer su intensidad en contextos de irrupción.

Durante la década de 1990, etapa expansiva del paramilitarismo, las grandes masacres marcaron la irrupción de este grupo armado en un territorio. Los paramilitares incorporaron decisivamente el recurso a la sevicia en sus acciones de violencia y con ello amplificaron su potencial de humillación y daño. Las masacres fueron usadas en los sitios considerados como de retaguardia de la guerrilla, donde los civiles eran acusados de componer la base social de este grupo armado y, por tanto, considerados por los paramilitares como objetivo militar, lo que es, a la luz del DIH, un desconocimiento obvio de la distinción fundamental entre combatiente y población civil. Desde la perspectiva paramilitar, la comisión de la masacre tenía una pretensión aleccionadora, mediante la cual se buscaba evidenciar las consecuencias del supuesto apoyo a los grupos guerrilleros y por ello, las principales víctimas fueron civiles. El asesinato sistemático generó diversos efectos entre las víctimas, entre estos “desestructurar las relaciones y los vínculos sociales, destruir la identidad y la cultura de una comunidad”, que serviría para la imposición armada de los grupos paramilitares y, además, para que estos se instalaran en la cotidianidad de la gente.

Por lo visto esta tecnología de la violencia está de regreso en Colombia con el fascismo instalado en el poder.

Como lo proponen el exsenador Parmenio Cuéllar y el exalcalde de Samaniego Harold de Montufar, hay que regresar por los senderos de la construcción de la paz en Colombia, en el territorio nariñense y sus localidades.