El desolador e inhumano sistema de salud que padecen los colombianos: una reflexión de UNES Colombia a raíz del drama de Jairo Escamilla, funcionario de la Secretaría de Hacienda de Bogotá

¿Hasta cuándo la sociedad colombiana va a continuar resignada a que se le siga conculcando un derecho fundamental como la salud? ¿Hasta cuándo su incultura política demostrada cada cuatro años en los eventos comiciales que se realizan para aparentar que existe una ‘democracia’ va a terminar siendo cómplice de quienes han hecho de la prestación de los servicios de salubridad un muy rentable negocio a costa de la vida de millones de colombianos? La pandemia del Covid-19 ha develado la ineficacia de un sistema que a duras penas puede enfrentar la morbilidad que aqueja al país.

La Ley 100 de 1993, una mala copia del sistema de salud del régimen dictatorial de Pinochet en Chile, impulsada por el gobierno neoliberal de César Gaviria (1990-94) y promovida en el Congreso de la República por su principal ponente, en ese entonces senador Álvaro Uribe Vélez, es la que rige el supuesto esquema de “Seguridad Social Integral”. Es una disposición que ha demostrado que no garantiza ninguna seguridad y menos tiene alcance social e integral. Se concibió de manera perversa: solo para viabilizar un negocio a costa de la mala prestación de los servicios de sanidad, garantizándole pingües ganancias al sector financiero que está detrás de las denominadas Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Este es un sistema que desde su puesta en marcha ha matado más colombianos que todas las formas de violencia juntas.

Como este sistema no fue creado pensando en la salud de los colombianos, sino en el negocio de un puñado de potentados privados, sus lineamientos inducen a prácticas de corrupción, que se han facilitado y fomentado desde el Estado, particularmente con la complicidad de todos los gobiernos que han consentido sus pésimas prácticas y su rotundo fracaso en garantizar un derecho fundamental.

Ante ello y los escándalos de corrupción del sistema de salud, ningún gobierno se ha dado a la tarea de auditar o vigilar las mafias que se han anidado en él y los millonarios desfalcos que se han producido, y menos se ha propuesto una reforma radical, pues lo que prima son los intereses, el negocio y la mercantilización de un servicio vital.

Otro drama de los miles que deben afrontar los ciudadanos

Hemos hecho este exordio, por cuanto que en la Unión Nacional de Servidores Públicos de los Distritos y Municipios de Colombia (UNES Colombia), nos ha correspondido ser testigos de la infausta experiencia que está afrontando nuestro compañero y funcionario de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, Jairo Escamilla Quiroz, al estar padeciendo los rigores de un servicio de salud desnaturalizado e inhumano que tiene a su señora esposa, Karen Lorena Ceballos, en estado de emergencia, habida cuenta que está contagiada de coronavirus y acaba de perder a su bebé prematuro, que nació vía cesárea, tras seis meses de gestación y cuyo fallecimiento se produjo en la mañana de este 1 de agosto.

Karen Lorena, funcionaria del Invima, acudió a una cita médica de control por su embarazo. El galeno la envía a realizarse una prueba de sangre y en el laboratorio no logran encontrarle la vena y empieza la manipulación. Al retornar a su casa, comienza a sentir malestar, sobreviniendo síntomas sospechosos de contagio. Una semana después se hace un test para detectar si estaba contagiada y efectivamente, luego de cinco días de esperar el resultado, dio positivo.

La situación en su hogar se agrava por cuanto que su esposo y su señora madre, quien vive con ellos, terminan contagiados y deben enfrentar la crisis, tratando de cautelar la sobrevivencia de su niña de apenas tres años.

El estado de salud de Karen Lorena se agrava. Sus familiares, en medio del desespero, solicitan una ambulancia para trasladarla a un centro asistencial, la cual llega luego de cuatro horas de haberla pedido. Una vez que es ingresada por urgencias a la Clínica de Occidente la atiende un médico tras seis horas de angustiante espera, quien expresa que el esposo debe dar la correspondiente autorización para proceder a realizarle la cesárea y salvar así la vida del bebé.

Jairo Escamilla da la autorización para que se realicen los procedimientos clínicos pertinentes, pero solo 12 horas después de haber cumplido con este requisito, la EPS viabiliza a su vez, la correspondiente aprobación.

La paciente continúa en la unidad de cuidados intensivos de dicho centro asistencial, tras haber fallecido su bebé, y su esposo y su madre siguen enfrentando este drama en medio del contagio al que al mismo tiempo tratan de combatir con los cuidados necesarios.

Esta angustiante situación que hoy aflige el hogar de Jairo y Karen Lorena, es la que a diario deben soportar millares de colombianos, víctimas de un sistema degradado y criminal, en un país como Colombia en que el concepto del cuidado de la vida está totalmente desnaturalizado y donde solo prevalece el interés mercantil, la ganancia fácil y el individualismo, bases del pensamiento neoliberal, cuyo modelo económico ha condenado a este país a la desolación y a la imposibilidad de dimensionar un proyecto de futuro.