Entre el pico de la pandemia y el derrumbe social

POR CONSUELO AHUMADA BELTRÁN

La Renta Básica de Emergencia es imprescindible en un país como Colombia para contener la pandemia y procurar condiciones de vida dignas de vida para la población, pero el gobierno insiste en austeridad neoliberal.

En estos meses de incertidumbre, los altísimos niveles de pobreza y marginalidad que prevalecen en el país, exacerbados por la magnitud de las crisis sanitaria y económica, parecieron por fin ponerse en evidencia.

A diario nos golpean imágenes y noticias sobre la penuria de la salud pública, el incremento exponencial en el número de contagios y muertes y la congestión de cementerios y crematorios. Se intercalan con las que muestran unas condiciones de subsistencia cada vez más precarias debido a la informalidad predominante, al desempleo y los despidos, la carencia de servicios sociales básicos, los desalojos y atropellos a las comunidades, el impacto de las inundaciones y derrumbes a lo largo y ancho del territorio nacional.

El difícil panorama se completa con los decretos de la Emergencia Económica expedidos por el Gobierno de Iván Duque orientados a favorecer a los poderosos, las mentiras diarias y las promesas incumplidas, los altísimos niveles de corrupción e impunidad. Por si fuera poco, el asesinato de líderes y lideresas sociales y de excombatientes no da tregua, como tampoco la fumigación aérea y la reactivación del conflicto bélico en varias regiones, ante la indiferencia, por decir lo menos, de las autoridades.

En cuanto a la pandemia, no hay razones para la tranquilidad que pretende transmitir el presidente en su programa diario. No se han tomado las medidas requeridas y se insiste en privilegiar los negocios sobre la vida. Por eso se descarta de plano la cuarentena exigida por las autoridades sanitarias. Según nota de julio/ 23, cuando todavía faltan semanas para alcanzar el pico, Colombia ya superó el número de infectados por día de Alemania o Italia.

El sistema mismo de salud sigue sin prepararse. Desde hace casi tres décadas, mediante la Ley 100, las EPS y ARL lo administran con criterios financieros. En medio de la crisis, sus trabajadores/as están agobiados. La mayoría no cuenta con garantías laborales ni con las condiciones de bioseguridad requeridas, porque los recursos de la Emergencia Económica solo llegaron a dichas entidades. Las deudas con el personal sanitario y los hospitales son enormes. No se trata solo de escasez de las UCI sino ante todo del recurso humano especializado.

 Para hacerle frente a esta situación, el pasado 19 de junio el Comité Nacional de Paro presentó al Gobierno Nacional un Pliego de Emergencia. Su primer punto es la atención y financiación del sistema de salud, la formalización laboral de sus trabajadores/as y el pago de las deudas históricas a los hospitales, conocido como Ley de Punto Final. El segundo es el otorgamiento de la llamada Renta Básica de Emergencia, fundamental para sobrevivir durante el confinamiento requerido por la pandemia.

En este punto, el Pliego propone un salario mínimo legal vigente por seis meses para 9 millones de familias en pobreza, vulnerables y para los más afectados por la crisis, lo que incluiría a poco más de 30 millones de personas. Plantea también la moratoria de créditos hipotecarios y de consumo, así como en el pago de servicios públicos por cuatro meses, prohibiendo su corte.

Según cálculos iniciales, el costo de este programa sería de 7,9 billones de pesos al mes, es decir 23,7 billones de pesos por un periodo de tres meses, equivalentes al 2,3% del PIB. Esta propuesta fue presentada por 54 congresistas en la legislatura pasada pero la bancada del Gobierno la hundió. Se radicó de nuevo en días pasados, con modificaciones, y se espera que haya consenso entre la oposición. Entre tanto, el gobierno busca extender el programa de Ingreso Solidario, que otorga $160.000 mensuales a menos de 3 millones de familias.En la discusión sobre la Renta Básica de Emergencia deben considerarse algunos criterios.Primero, es necesario romper con el esquema neoliberal de subsidio a la demanda, excluyente, focalizado y de carácter claramente clientelista.

Segundo, no puede concebirse como el sustituto de derechos fundamentales, sino como un complemento básico en la lucha por estos: salud, educación, empleo decente, seguridad social. Debe tener un carácter transformador: sacar a la gente de la pobreza y devolverle la dignidad y, por supuesto, activar el consumo. Por ello, requiere carácter permanente.

Tercero, debe partirse del enfoque de género, responder a la difícil situación de las mujeres, agravada por la pandemia. La “feminización de la pobreza” refleja un proceso notorio de empobrecimiento de las mujeres, que se explica por el deterioro social generalizado, mayor informalidad laboral y desempleo, y la brecha salarial. A ello se suman su enorme responsabilidad en el trabajo del cuidado y el incremento de la violencia intrafamiliar, derivados ambos de estructuras patriarcales y machistas que prevalecen.

La Renta Básica de Emergencia es imprescindible tanto para contener la pandemia, como para procurar unas condiciones dignas de vida para la población. Precisamente, el PNUD acaba de proponer que se establezca una renta temporal para más de un tercio de la población mundial.

Aunque pareciera existir consenso sobre la propuesta, su concreción no es fácil. El Gobierno insiste en volver a la austeridad neoliberal. Las cacerolas del 21N pasado tendrán que retumbar de nuevo por el #PliegoNacionalDeEmergencia.

https://www.las2orillas.co/