Derechos Humanos y Renta Básica

POR MARCELO CARUSO AZCÁRATE

Producto de la crisis sistémica acelerada por la “enfermedad”, el debate sobre la Renta Básica se propaga por todos los sectores y clases de la sociedad. Desde los millonarios de Silicon Valley hasta los progresistas y de izquierda de España, la levantan como la consigna de la época y no faltan las corrientes neoliberales que la ven como un mal necesario, preventivo, para salir de la crisis sin explosiones sociales que cuestionen sus poderes.

A partir del pensamiento crítico socio jurídico, Joaquín Herrera Flores explica el origen de los Derechos Humanos, “comenzamos a luchar por los derechos porque tenemos que vivir y para ello necesitamos condiciones materiales concretas que permitan acceder a los bienes necesarios para la existencia”.

Aclarado el origen de los Derechos Humanos podemos entender que la Renta Básica, a partir de su necesidad y exigibilidad, se está convirtiendo en un nuevo Derecho Humano Fundamental, Universal, individual y colectivo, social integral, que se incorpora a los registrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Se debe entender entonces, como “el derecho fundamental de garantía del mínimo vital para la existencia de todas las personas”.

En el caso de los DESC, el modelo dominante ha subordinado su realización al principio obligante de progresividad, dependiente en su garantía de los recursos disponibles por el Estado. En este sentido, la ola de decretos emanados del Ejecutivo frente a la pandemia nos ilustra del uso arbitrario que puede tener la discrecionalidad política en el manejo de los recursos públicos, sobretodo, cuando la ganancia financiera prima sobre la resolución de las necesidades humanas, en este caso en salud y alimentación. La exigencia de la Renta Básica implica la exigencia de garantías para el derecho a la vida con los ingresos básicos garantizados que permitan existir como sujetos, es decir, con la capacidad de alimentarse, pensar y actuar en libertad, sin depender de clientelismos o sumisiones que recortan las cualidades emancipadoras. No puede confundirse como un auxilio ocasional ni con un aporte del Estado que sea luego recortado de las prestaciones sociales, pensionales o de salud, dos temas que ya entran en disputa en la agenda parlamentaria.

La lucha por un derecho fundamental nunca ha sido fácil ni de corto plazo, pues no se limita a la visión asistencialista focalizada ni a la temporalidad de la Emergencia, sino a su universalidad con un monto no inferior a un salario mínimo. De inmediato nos cantaran “No hay cama pa’ tanta gente”. La entrada a la respuesta correcta nos la da el PNUD, cuando sugiere que el pago de esa renta básica, para ellos “sólo en la emergencia”, se realice con una suspensión del pago de la Deuda Pública. Y la continuidad de la respuesta la da el retorno a un debate que cada día crecerá más, que es el tema de abolición -o cancelación según el papa Francisco- de una Deuda ya pagada 6 a 7 veces con la suma de sus intereses, sin contar en esto con la Deuda Ecológica del Norte con el Sur generada por el extractivismo y sus impactos ambientales. Y para asegurar que la platica alcance, agregar un sistema fiscal progresivo donde los que tienen más son los que en porcentaje pagan más, comenzando por gravar las transacciones financieras (tasa Tobin) y acabar con las vergonzosas exenciones tributarias a las empresas extractivas, que superan de lejos el valor de sus regalías.