Debate en torno de Renta Básica Universal no puede caer en manipulación para engañar a la gente: UNES Colombia

No es con demagogia ni desvirtuando los alcances de una política pública como la Renta Básica Universal como el gobierno del presidente Iván Duque va a lograr mejorar su respectiva imagen en la encuestas o tratar de hacer ver que su gestión está siendo eficiente en el tratamiento de la pandemia. El debate público y la ejecución de acciones para enfrentar una emergencia vírica de las proporciones que actualmente afrontamos, amerita responsabilidad, transparencia y coherencia.

Primero queremos confrontar el falso dilema entre morir por pandemia o morir de hambre, el cual se resuelve con un adecuado aislamiento con servicios de salud pública de calidad, y una Renta Básica Universal que nos permita pasar estos momentos tan difíciles protegidos y sin tener que salir a buscarnos la comida arriesgando la vida.

Fue la bancada de congresistas oficialista la que hundió en la Cámara y el Senado los proyectos de ley que buscaban aprobar una renta básica de emergencia. Fue el gobierno de Duque que a través del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Diego Molano, no tuvo el menor empacho en sostener que “En Colombia la Renta Básica ya es una realidad”, para tratar de justificar el mísero auxilio condicionado denominado Ingreso Solidario de apenas $160.000 que se está dando a alrededor de 2.500.000 hogares y que en gran parte ya hacían parte de los programas asistencialistas como Familias en Acción y otros.

Entendemos que las Alcaldías no tienen los recursos para garantizar reales rentas básicas, y que lo que hoy nos ofrecen en Bogotá en ayuda  monetaria y alimentaria es un esfuerzo importante para enfrentar el aislamiento estricto, pero insuficiente para asegurar que la población pueda quedarse en casa sin salir a ganarse el diario para sobrevivir. Los $240.000 que se distribuirán a las 550.000 familias más pobres que se girará del programa Sistema Bogotá Solidaria en Casa, no pueden tampoco llamarse como Renta Básica. Ayudan pero no resuelven y menos transforman la realidad del hoy donde ya va en el 70% la población que hace parte de la pobreza. Y eso hay que dejarlo claro ya que hace parte de una sociedad que aprovecha la crisis pandémica para concentrar la riqueza cada vez en menos manos y en menos grupos transnacionales.

Desde la Unión Nacional de Servidores Públicos de los Distritos y Municipios de Colombia (UNES Colombia) venimos realizando un ejercicio de promoción y divulgación sobre la importancia y conveniencia de adoptar una Renta Básica Universal que permita mitigar el impacto negativo de la pandemia en el conjunto de la sociedad colombiana, en virtud de lo cual hacemos parte de un movimiento global para alcanzar este derecho básico a la vida digna. No creemos que la Renta Básica nos alejará del mundo del trabajo, sino que lo vemos como el piso mínimo para poder pensar que con otros ingresos generados en forma individual pero sobre todo asociativos, podremos reducir la desigualdad en la distribución de la riqueza de esta sociedad basada en la acumulación de capital mercantilizando nuestro trabajo y la naturaleza.

Como lo sostuvo la congresista Ángela María Robledo, se debe dejar de llamar “Renta Básica” “lo que no es más que una limosna. Para Colombia la Renta Básica sería una ayuda igual o superior a $877.000”.

En aras de la rigurosidad conceptual y la seriedad política, la opinión pública nacional debe exigir de su dirigencia y de sus gobernantes coherencia y honestidad en el tratamiento de los temas que hacen parte de su agenda, sin distorsionarlos para confundir o engañar a la gente.

Haciendo precisiones

El debate público, como es apenas de esperar, tiene que estar además de sustentado, revestido de coherencia y rigurosidad, por tal razón UNES Colombia está empeñada en continuar promoviendo la discusión en torno de la Renta Básica Universal. Para tal fin, es imperioso que se hagan precisiones sobre los alcances de esta política pública que viene impulsando un organismo de Naciones Unidas como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que plantea la entrega de un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza. Es decir, al costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (aproximadamente 215 millones de personas, o el 34,7% de la población latinoamericana).

La Renta Básica, una asignación monetaria por parte del Estado, que para el caso colombiano equivaldría según los estudios realizados a algo más que una salario mínimo mensual, se caracteriza además por tres aspectos: universalidad (la reciben todos los ciudadanos de un territorio), incondicionalidad (se percibe independientemente de cualquier circunstancia de la vida del ciudadano), e individualidad (la obtienen las personas y no los núcleos de convivencia).

Además de que es perfectamente financiable por los Estados, como se ha demostrado por las investigaciones realizadas, es una herramienta de inserción social y democrática, que posibilita combatir la pobreza y la avidez de un modelo económico que, como ocurre en Colombia, está enfocado en satisfacer los desmesurados intereses del gran capital financiero transnacional a costa de las carencias materiales y sufrimiento de la mayoría de su población.