El escándalo que envuelve a la Vicepresidenta: doble resero de la dirigencia política tradicional colombiana

POR GERMÁN AYALA OSORIO /

Exigir transparencia a los funcionarios públicos y a específicos agentes económicos de la sociedad civil que entran y salen por la “puerta giratoria” que existe entre el Estado y los particulares, parece ser un asunto complicado en Colombia porque amplios sectores de la sociedad y el conjunto del Establecimiento volvieron paisaje las relaciones entre criminales y políticos; entre servidores públicos y todo tipo de mafias.

Periodistas acuciosos como Gonzalo Guillén y Julián Martínez le recordaron al país y a la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez Blanco, que hace 23 años, ella sacó de una cárcel de los Estados Unidos a un hermano suyo, procesado por el delito de tráfico de heroína.

El hecho, per sé noticiable, llamó la atención de los medios masivos, cuyos periodistas lo acogieron como tal, lo que de inmediato generó todo tipo de reacciones. Y por supuesto, en las redes sociales, en donde empezó a circular la información, los enfrentamientos no se hicieron esperar entre quienes desde las huestes del Establecimiento y del gobierno de Iván Duque defienden el derecho al buen nombre de la operadora política, y aquellos que, desde la Oposición y la crítica, exigen la renuncia de la vicepresidente, por haberle ocultado al país el “drama familiar” y el pago de 150 mil dólares por la fianza.

En la agria discusión aparecen argumentos de todo tipo. Entre estos, que “no hay delitos de sangre en Colombia”, y que por lo tanto la exministra de Defensa y responsable de la Operación Orión, ni debe renunciar y mucho menos sentirse mal por un episodio que sucedió hace más de 20 años.

En el fondo de la disputa político-mediática hay un asunto que resulta clave para entender la postura de quienes investigaron y destaparon el caso y aquellos que piden la renuncia de la funcionaria: se está exigiendo que al Estado lleguen personas sin tacha, así la sombra provenga de un familiar narcotraficante, paramilitar, guerrillero, violador, acosador, ladrón y estafador, entre otros delitos. Y ese pedido debe exaltarse puesto que está fundado en valores de una moral pública que, para el caso colombiano, deviene raída y funcional al doble rasero con el que, para el caso, aparecen narcotraficantes “buenos y malos”. Y así se puede extender la doble medida y la ética acomodaticia al decir que los exguerrilleros del M-19 que hoy hacen parte del Centro Democrático (CD), son “buenos”, pero otros como Petro y los que hoy hacen partido del Partido Farc, son excombatientes “malos”.

En el caso de la exministra de Defensa, conservadora y uribista por conveniencia, lo que llama la atención es que en público habla duro y exige “acabar el narcotráfico”, mientras que acolita el delito al sacar de la cárcel a su hermano narcotraficante (de heroína) y esconderle al país ese pequeño detalle que, sin duda alguna, expone el doble rasero con el que la clase política tradicional suele evaluar los delitos y la conducta de los criminales, cuando estos son cercanos al proyecto político de la derecha-ultraderecha.

Lo que se le debe cuestionar a Martha Ramírez Blanco es que le ocultó al país un hecho familiar que, por más catastrófico que sea, la compromete como alta funcionaria de un Estado en cuyas estructuras de poder corren relaciones sistemáticas entre narcos y funcionarios; y ese mismo hecho, con el tiempo se convirtió en un asunto ético-político por cuenta de unos periodistas críticos e independientes dispuestos a hurgar en el pasado de quienes insisten en presentarse como ejemplos de moralidad, cuando están rodeados de hechos que dicen lo contrario.

Hace ya varios años a un general de la Policía un periodista le preguntó por qué había tanto policía metido en actividades ilícitas. El alto oficial de la época respondió: “es lo que da la tierrita”. Así las cosas y con esta circunstancia de por medio, exigir que, al Estado, en especial a los más altos cargos, lleguen ciudadanos sin tacha, esto es, que ni ellos, ni sus familiares o allegados tengan proceso judicial alguno, en particular con crímenes asociados al lavado de activos y narcotráfico, es una aspiración inocente por cuanto la corrupción y el maridaje entre crimen y política son circunstancias ya regladas dentro del Establecimiento. Tanto así, que no podemos esperar comportamientos distintos en los altos funcionarios estatales porque “eso es lo que da la tierrita”.

Poca credibilidad y confianza genera en la sociedad y en la comunidad internacional cuando en la prensa se lee que “la Fiscalía de Colombia citó a declaración jurada al arquitecto Álvaro Rincón Muñoz, esposo de la vicepresidenta del país Marta Lucía Ramírez, por una investigación contra Guillermo León Acevedo, conocido como “Memo Fantasma”, señalado de tener nexos con paramilitares y narcotraficantes”1.

Este hecho jurídico-político, al sumarlo con el viejo episodio del pago de la fianza a su hermano narcotraficante, deja muy mal parada a la vicepresidenta. El otro asunto que invalida el doble discurso de Ramírez Banco fue expuesto en la exitosa serie Matarife2, en la que se le recuerda a ella y al país que la exministra pernoctaba en el club El Nogal, y que en ese mismo espacio sostenía, de acuerdo con la serie, relaciones políticas con el narco-paramilitar Salvatore Mancuso, quien al parecer también era huésped habitual en el “prestigioso” club.

Estamos claros de que no hay delitos de sangre en Colombia y que las actuaciones del hermano de la exministra de Defensa y hoy vicepresidenta constituyen un hecho vergonzoso y vergonzante, que en sí mismo no es un impedimento ético-político para continuar en el cargo, pero el habérselo ocultado al país sí enloda a la funcionaria en la medida en que ella misma es una abanderada de la lucha –perdida, pero beneficiosa para ciertos sectores de poder– contra el narcotráfico. Supongamos que la Fiscalía logra demostrar que su esposo sí mantuvo relaciones mafiosas con el “Memo Fantasma”; ¿dirá, entonces Ramírez que desconocía las actividades de su pareja sentimental, para continuar defendiendo su permanencia en el Gobierno de Duque?

Lo que más llama la atención es que los escándalos políticos por presuntas o probadas relaciones entre políticos y narco paramilitares tocan de tiempo atrás al partido de Gobierno, el Centro Democrático. Baste con recordar los señalamientos, los procesos y las investigaciones que en contra de Uribe adelanta la justicia; y el caso de la senadora Holguín3, cuyo padre fue condenado por lavado de activos, para poner de presente lo difícil que es en Colombia exigir altos niveles de eticidad en su clase dirigente y en los miembros de su sociedad.

Huelga recordar también otro episodio que involucra esta vez a la familia Pastrana. “Agentes encubiertos de la DEA capturaron en Miami, bajo cargo de lavado de dólares, al Ministro Consejero de Colombia en Uruguay, Gustavo Enrique Pastrana Gómez. La detención de Pastrana Gómez, de 40 años, se produjo después que los agentes secretos de la DEA lo persuadieron de lavar 225.000 dólares producto del narcotráfico…El detenido es primo del exsenador y candidato presidencial por la Nueva Fuerza Democrática, Andrés Pastrana Arango. Ayer, en Bogotá, la familia del candidato presidencial condenó el hecho y advirtió que por encima de los vínculos familiares está la ley”4.

Exigir transparencia a los funcionarios públicos y a específicos agentes económicos de la sociedad civil que entran y salen por la “puerta giratoria” que existe entre el Estado y los particulares, parece ser un asunto complicado en Colombia porque amplios sectores de la sociedad y el conjunto del Establecimiento volvieron paisaje las relaciones entre criminales y políticos; entre servidores públicos y todo tipo de mafias.

Así las cosas, parece ser que tenía razón el entonces general de la Policía, institución también salpicada, históricamente por actos de corrupción y por las relaciones de altos oficiales con mafiosos y criminales: “eso es lo que da tierrita”.

1 Véase: “Fiscalía cita a declarar a esposo de vicepresidenta de Colombia”. DW.com

2 Véase: “#ElMatarifeLaSerie”. La otra tribuna.

3 “El señor Frank Holguín Ortiz fue procesado por el delito de narcotráfico y se le realizó una extinción de dominio por ser testaferro del capo Pablo Escobar Gaviria, primo de José Obdulio (senador por el Centro Democrático)”. El Espectador, marzo 2019.

4 Véase: “Detenido diplomático colombiano en Miami”. El Tiempo, diciembre 1993.

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