Corrupción en medio de la pandemia: ¿Agro Ingreso Seguro 2.0?

POR JAIME OSORNO /

Colombia Agro Produce, línea especial de crédito para enfrentar las consecuencias del Covid 19, es cuestionada porque privilegia a grandes gremios de la producción, pero no ayuda a los sectores pequeños y medianos del campo.

Una de las medidas que con mayor agilidad ha implementado el Gobierno nacional dirigidas al agro es la línea de crédito “Colombia agro produce”, Línea Especial de Crédito (LEC), adoptada en el Decreto 486 de 2020 para asegurar el abastecimiento alimentario del país en medio de la pandemia.

Según la resolución N°1 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario se han destinado 1.5 billones de pesos para seis actividades financiables, entre ellas, la siembra, comercialización, sostenimiento, transformación, servicios de apoyo y actividades rurales. Además, en tan solo 13 días hábiles desde que se promulgó el decreto se han aprobado y desembolsado cerca de 252 mil millones de pesos en créditos agropecuarios bajo “Colombia Agro produce”.

Privilegiados

La celeridad del Ministerio de Agricultura correspondería a que dichos créditos van dirigidos a grandes empresarios muy cercanos al Gobierno actual, de hecho, pudiéndose establecer que esas empresas beneficiadas coinciden con las personerías jurídicas reportadas al Consejo Nacional Electoral que habrían contribuido a la campaña presidencial del primer mandatario, Iván Duque.

Pero no terminan ahí los privilegios para el gran sector empresarial del agro colombiano. El 7 de abril mediante Decreto 523 se estableció arancel cero para tres productos: maíz, sorgo y soya, que se utilizan principalmente para concentrado animal. El particular decreto emitido supuestamente para contrarrestar la pandemia Covid-19 son medidas sin unidad de materia.

¿En qué ayuda el arancel cero para la comida concentrada para pollos y cerdos en tiempos de pandemia? La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), gremio que agrupa a productores de huevo, pollo y las porcicultoras serán los sectores más privilegiados por encima de los pequeños y medianos campesinos.

Con ese decreto los grandes productores agropecuarios se benefician en doble vía: son los beneficiarios directos del arancel cero para la importación y además les aseguran el crédito con las mejores y mayores garantías.

La mayor crítica es el criterio desigual con los pequeños campesinos, los medianos y pequeños productores pues la oferta oficial son créditos mediante la banca privada con todas las desventajas que ello genera.

En el primer trimestre del año la cifra en créditos otorgados pasó de 4.2 billones en 2019 a 6.2 billones de pesos en 2020, correspondientes a un incremento del 45%. Esto es relativamente comprensible teniendo en cuenta las condiciones favorables del crédito. Sin embargo, bien sabemos que el crédito de emergencia no es para los sectores agrarios vulnerables, sino destinado a los grandes productores.

A propósito de los créditos

En los resultados del tercer Censo Nacional Agropecuario el acceso al crédito ha tenido una limitante, pues cerca del 90% de los productores no tiene acceso a éste; ni hablar de los campesinos, que incrementan sus dificultades por las precarias condiciones financieras, educativas y físicas para acceder al sistema bancario, sumado a la inclemencia del cambio climático y a la restricción de comercialización que ha impuesto la emergencia sanitaria.

De los 6.2 billones de pesos que el Gobierno nacional ha puesto en créditos este primer trimestre, 4.8 billones han sido para los grandes productores, con un incremento del 62% con relación al mismo trimestre del año anterior y tan solo un 21% más de los números de créditos otorgados. De ello se infiere que, si bien se han incrementado el número de créditos otorgados, lo más destacado es que los créditos son por montos más altos.

También existe un comportamiento diferenciado con los medianos y pequeños productores, donde el valor asignado en este primer trimestre ha sido de 0.71 y 0.63 billones de pesos, respectivamente en este primer trimestre del año, manteniéndose relativamente estable tanto las cifras de los montos prestados como el número de créditos. Es decir, que el acceso al crédito de emergencia se ha dado especial y exclusivamente para los grandes productores agropecuarios.

Los que ganan

Entre estos beneficiarios, según los datos del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), están los agremiados de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), principalmente a MAC Pollo; los arroceros en cabeza de Fedearroz, ORF S.A (Flor-huila, Roa, Doña Pepa, entre otros), Molinos Sonora, Almagrícola, Italcol (empresa dedicada al concentrado de animales) y los ingenios azucareros Ingenio del Cauca y Providencia S.A.

Son los que se han favorecido de las condiciones especiales del crédito para asegurar el abastecimiento alimentario del país, quienes según la tendencia hasta ahora señala que se harán los principales acreedores del 1.5 billón de pesos destinados inicialmente en la línea especial de crédito “Colombia Agro produce”, pues solo el 2% de los créditos a la fecha han sido a los pequeños productores, el 94% a los grandes y un 4% a los medianos.

El papel de los bancos

Por otra parte, por su naturaleza, el Banco Agrario es el mayor intermediario financiero para la colocación de dichos créditos y por ello el mayor comisionista. Según datos de Finagro, entre enero y marzo de este año, los mayores intermediarios financieros son: Bancolombia ($1.5 billones), BBVA ($1 billón), Davivienda ($0.82 billones), Colpatria (0.7 billones) y Banco Agrario ($0.7 billones). La intermediación para estos bancos será del 6% de comisión, cerca de 90 mil millones de pesos en manos del sistema rentista.

La Contraloría Delegada para el sector Agropecuario ha alertado sobre el fenómeno de acaparamiento de los créditos hacia los grandes productores o lo que el ente de control llama concentración de créditos por parte de industriales y comercializadores hasta la fecha del 20 de abril de 2020. Manifiesta que no solamente se han colocado la mayoría de los recursos en los grandes productores sino en las grandes ciudades capitales, señalando que los créditos no se han destinado a los productores directos y primarios de alimentos.

El crédito no es la única alternativa en tanto no es suficiente, teniendo en cuenta los niveles de acceso. Esta crisis está sirviendo para fortalecer cada vez más a los poderosos a costa de los más necesarios; es decir la política pública no está dirigida a apoyar a la necesaria producción alimentaria del país que recae en gran medida en la agricultura familiar, campesina y comunitaria.

Los que pierden

El campesinado requiere una política seria de subsidio que impacte de forma directa la producción agroalimentaria, en tanto ha demostrado ser una actividad esencial. Es necesario instar a los gobernantes locales, para que en el marco de las nuevas facultades para atender la crisis destinen el 30% de los recursos de las regalías como forma de subsidiar la producción alimentaria de cada territorio; así como desarrollar e implementar el artículo 229 del Plan Nacional de Desarrollo que plantea que por lo menos el 40% de los productos alimentarios que adquieran deben ser por proveedores y productores agropecuarios locales.

La solución no puede estar en beneficiar a los bancos y los grandes capitales de la agroindustria, no es aceptable, ni legal ni éticamente, reeditar el nefasto programa “Agro Ingreso Seguro” para fortalecer a los grandes productores a costa de la supervivencia de los campesinos.

La política de financiamiento agropecuario debe apoyar y subsidiar decididamente la producción alimentaria, democratizar el acceso al crédito para que llegue a la mayoría de los pequeños productores campesinos que garantizan en gran medida la producción nacional de alimentos.

Semanario Voz, Bogotá.